RESEÑA HISTÓRICA
El origen del notario ecuatoriano está en el Derecho Indiano, aquel que se formó en América luego de su descubrimiento en 1492, compuesto por el Derecho Español, el Derecho Canónico Ecuménico y aquellas normas que se iban sistematizando a medida en que las necesidades y circunstancias así lo determinaban en estas nuevas tierras.
La primera actuación notarial que registra la historia ecuatoriana es la del escribano Gonzalo Díaz de Pineda, quien extendió el acta de fundación de Quito, el año 1534, correspondiente a la primera fundación, luego la segunda y la tercera y definitiva el 6 de diciembre. Además, se señala que los notarios eran nombrados en número determinado por cada circunscripción territorial, y tenía el carácter de vitalicios.
El “Boletín de la Biblioteca Municipal”, del 25 de marzo de 1912, en Santiago de Guayaquil, refleja que el Escribano de Cabildo, lo era también de Minas y Real Hacienda, y era el único autorizado para dar fe de las escrituras y más actos del Cabildo, también llevaba un libro donde se anotaban los ingresos del cabildo porteño.
Se encuentra también documentado que Don Diego Navarro Navarrete fue nombrado Primer Escribano Real de Guayaquil por Cédula expedida en Madrid el 19 de marzo de 1552. Así también, en la obra Biogénesis de Guayaquil, supone que el primer escribano en esta ciudad fue Francisco de Heres, “aquel que certifica la Representación del Cabildo en 1541”, atribuyéndole la doble calidad de escribano público y de concejo, es decir, “Registrador de actas concejiles y de escrituras públicas”.
Lamentablemente, hay un período de tiempo en la que no consta registro de la actividad notarial, debido al incendio que sufriera la ciudad de Guayaquil en el año de 1632 y el descuido de los escribanos que tenían bajo su cuidado estos archivos; y la primera acta que consta en el archivo data del 4 de agosto de 1634.
El 9 de septiembre de 1683, aparece por primera vez en las actas la calificación de Escribano y Notario Público, nombramiento que se extendió a favor de Antonio de Henao. Años más tarde aparece el Notario y Familiar del Santo Oficio de la Inquisición el 26 de marzo de 1693. Al 18 de julio de 1694, consta en el acta el remate del oficio de escribano, ya no por orden de su majestad real, sino del Presidente de la Real Audiencia de Quito.
Así también, el paleógrafo Juan Freile Granizo publica una “Lista parcial de documentación guayaquileña en la serie Gobierno del Archivo Nacional de Historia, Quito”, y menciona en su trabajo que conoció un “Índice de causas substanciadas en tiempo de Real Audiencia”, elaborado por el Capitán Don Luis de Cifuentes y Lozada, teniente de escribano de cámara y gobierno, datada la última en el año 1798, índice que fue completado del realizado en 1776 por Pedro de la Guerra.
Más tarde, ya en la era de la República, se han citado a los escribanos: Alejandro Troya, Rómulo Tamayo y León Pío Acosta. En 1937, el Gobierno Nacional mediante Decreto Supremo da el nombre de Notarios, a los antiguos escribanos y les confieren en forma exclusiva la autorización de dar fe pública extrajudicial y permanencia en sus funciones mientras duraba su buena conducta.
Años después, en octubre de 1966, el Presidente Interino de la República Clemente Yerovi Indaburu, sanciona la actual Ley Notarial, que constituye el primer conjunto de normas orgánicas que se refieren al notariado y a sus diversos aspectos y funciones. Nace así, en nuestra República una nueva institución jurídica dentro del derecho que, como ciencia independiente, reclama su desarrollo y conocimiento.